Es curioso lo desapercibido que pasó hace una semana este artículo del International Herald Tribune en el que se hablaba de las miles de viviendas que en España están amenazadas de demolición. Según este medio, 100.000 casas están en situación ilegal. La información destaca la campaña jurídica de los compradores de esas viviendas por tal de evitar que sean derribadas. Está claro que la difusión de estas informaciones puede desalentar a los compradores exteriores, que han impulsado, en gran medida, parte del auge inmobiliario español. El Herald hace hincapié en un detalle clave: los 8111 ayuntamientos españoles tienen competencias para tomar decisiones en planificación y emiten licencias de construcción sin apenas supervisión nacional o regional. Descifran en este artículo como, a medida que los precios aumentaban, los funcionarios locales decidieron sacar tajada de la construcción de nuevas viviendas.
Over the past decade, developers built about 100,000 illegal homes in Spain, and consumer advocates say that because of the technicality, thousands of those are now threatened with demolition as regional governments try to deter clandestine construction. The crusade may discourage the foreign buyers who fueled Spain's housing boom and deepen a slump that began last year.
El propio diario norteamericano destaca que algunos municipios se niegan a informar sobre cuantas viviendas podrían ser destruidas. La ocultación de datos y el juego falaz por no caer primero en la ratonera está ayudando a que las ventas a extranjeros haya caído de un modo muy importante. Lo más grave de todo es que, aunque se modere la caída del sector a cinco o seis años vista, a medida que este se adecue a las nuevas proyecciones inmobiliarias, el inversor foráneo difícilmente entrará de nuevo en el juego, sabiendo que el tema aquí es como un merienda entre jíbaros.
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