Ha sido necesario que pasara la cita electoral del 9 de marzo para que la crisis en el sector inmobiliario se mostrara con toda su crudeza. ¿Quién se acuerda del “aterrizaje suave” que anunció la ministra Chacón o de las declaraciones del secretario de Estado de Economía considerando el episodio de Colonial como puntual y anecdótico? Los hechos no paran de mostrarnos el oscuro horizonte al que nos acercamos cada vez más rápido. Estamos ante la punta del iceberg y, viendo los primeros informes sobre el ritmo de construcción para los próximos años, lo peor aun está por llegar. En los próximos meses un abrupto descenso de los precios arrollará a centenares de empresas relacionadas con las inmobiliarias y la construcción con sus proveedores respectivos. La prensa refleja la opción de comprar pisos a mitad de precio gracias a fórmulas puntuales que disimulan caídas del precio nominal de los mismos. De momento las reducciones de coste se disfrazan con descuentos por días del cliente, premios a la fidelidad y rebajas desesperadas.
La situación es grave puesto que a una crisis de oferta excesiva y de demanda colapsada, se une un escenario helado en el ámbito financiero. Las entidades de crédito se encuentran ahora en la tesitura de calibrar hasta que punto arriesgan refinanciando las deudas que ellas mismos concedieron. Deben estudiar si dejan que las compañías promotoras y constructoras caigan, lo que les perjudica de un modo dramático, o bien admiten como garantía los activos patrimoniales que ya han visto reducido su valor. Existe otra opción, algunas entidades están optando por una congelación de los intereses contractuales. La banca no puede pasarse en sus exigencias ahora que pintan bastos puesto que se puede encontrar con una cadena de concursos de acreedores, cosa que no les conviene en una época de escasez de liquidez.
Tengo conocimiento de que el Banco de España ha intensificado el control sobre los riesgos que asumen algunas cajas. Concretamente, su voluntad es examinar con precisión las ayudas a financiar suelo a promotoras e inmobiliarias. Es lógica esta actitud puesto que el propio Banco de España sitúa la previsión de crecimiento de nuestro país en un 2,4% cerificando por tanto que el deterioro de los sectores examinados responde a una crisis severa y de gran alcance que hará caer el crecimiento del PIB en más de un 30% en 2008. El gobierno, en funciones o no, debería ponerse manos a la obra, atender los indicativos y acertar en las medidas. Es importante que sepan que estimular artificialmente la demanda de vivienda sería un error, una catástrofe que sólo permitirá el encarecimiento irreal de los precios.
Si el gobierno cae en la tentación de incentivar fiscalmente el consumo hipotecario retrasaría la purga necesaria del sistema económico nacional. Mantener el modelo de crecimiento sería como estirar un sistema económico completamente agotado. Ha llegado el momento de preparar la economía española para un nuevo ciclo más global y convalidable con los modelos de crecimiento sostenido de los países europeos. Debemos lograr recomponer este puzzle a fin de que creciendo por debajo del 2,5% no se destruya empleo. Ahora bien, el primer paso para resolver los problemas de la economía española consiste en efectuar un adecuado diagnóstico de los mismos, cosa que espero poder publicar mañana.
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